La ética de la persona que ejerce el Derecho como profesión merece un trato distintivo, tanto por la alta responsabilidad que ha de implicar su ejercicio, como por el inherente prestigio de la profesión mencionada. La moralidad de todo versado en las áreas privilegiadas del Derecho le exige al tal el mantenimiento de una actitud responsable, en favor de la más limpia e inmaculada defensa a las leyes. A raíz de estas consideraciones, me allegué a palabras expresadas por José A. Silié Gatón en su libro “Ética Profesional”, donde calificaba de estafa el declarar como lícito un contrato que no lo es. Por esta razón, trasladóse mi mente al controversial caso de la Sun Land. Este contrato inconstitucional fue defendido descaradamente por el presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, considerándolo como válido y legal. Más aún: convocó a un encuentro de medios de prensa para hacer su defensa de aquel contrato.
Ante tales observaciones, se hace evidente que el presidente Fernández no tiene escrúpulos ni reparo alguno en jugar el papel de abogado del diablo, cuando la ética declara que si el Derecho se enfrenta con la justicia, debe prevalecer esta última. Sin ningún temor se puede, pues, acusar de estafador al presidente Fernández, o aún de ser cómplice y participante de una asociación de malhechores.
Ello empaña su carrera profesional, lo quieran o no aceptar aquellos que le defienden prácticamente sin entender que por encima del presidente está una Constitución, y que si el mandatario la viola, queda descalificado en su moralidad, probidad y cualquier otra buena cualidad que le haya podido acompañar anteriormente.
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