Sí hubo un golpe de Estado. Sí merece ser condenado. Y sí es plausible de una insurrección popular para la restauración del verdadero orden constitucional en la República de Honduras.

La terrible situación política por la que atraviesa la República de Honduras es fruto de una serie de factores, entre ellos, la hipocresía de un grupo de borrachos de poder que cometieron toda clase de ilegalidades, entre ellas, secuestro, falsificación de firmas, abuso de poder, manipulación, violación a la libertad de expresión, violación a la libertad de prensa, y el ultraconservadurismo de una Constitución que, en caso de ser válida la percepción de los golpistas sobre ella, es auto-contradictoria. La reacción de los hondureños contra el golpe de Estado, que ha sido acallada por los medios controlados por el régimen de facto de Micheletti, nos expresa esta realidad. Cada vez son más los hondureños que condenan el golpe de Estado y se levantan pacíficamente en protesta manifiesta contra el ilegal despotismo sostenido por Micheletti: un hombre hambriento de poder que sólo vio su sueño de alcanzar la presidencia a través de la destitución ilegal del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

¿Cuál es la realidad? La Constitución de la República de Honduras en el Artículo 4 establece que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria, calificando de traidor a la patria a quien infrinja esa norma. El Artículo 293 establece que quien ya haya ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo no puede ser presidente otra vez, afirmando que quien proponga su reforma o quien(es) lo apoye directa o indirectamente, cesará en el desempeño de sus cargos y quedará inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública.

Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué asegura que Zelaya quería mantenerse en el poder? Recordemos la realidad. La consulta popular a la que llamaba el presidente Zelaya era una consulta no vinculante, con ninguna obligación legal, a través de la cual se le preguntaba al pueblo, quien es el soberano según la misma Constitución de la República de Honduras, si quería que en las próximas elecciones se instalara una cuarta urna para ver si se aprobaba una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Léase bien: no se estaba votando a favor de la presidencia vitalicia de Zelaya. Ni siquiera de su reelección.

Es menester recordar que las elecciones generales en Honduras serían el 16 de noviembre del 2009, siendo que el presidente Zelaya entregaría el poder el 27 de enero del 2010. Debido al carácter de la consulta popular no vinculante, el presidente Zelaya no podría presentarse a una reelección ya que la reforma constitucional no estaría aprobada para esa fecha, en el caso de que la misma incluyera la reelección. Por lo tanto, no tiene asidero lógico este planteamiento.

¿Cuál es la verdadera razón por la que se quiere impedir que el presidente Zelaya gobierne hasta fin de término? Su giro hacia la izquierda. No son más que concepciones de índole política: un anti-izquierdismo y un miedo a lo que representa el quitarle poder al Estado para dárselo al pueblo, que como sí dice la Constitución, es a quien le corresponde la soberanía, y es de quien emanan todos los poderes del Estado.

Sí dice la Constitución que la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como traición a la Patria. Sí dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas por la fuerza de las armas o usando procedimientos que quebranten la Constitución y las leyes. Y sí dice la Constitución que sus actos son nulos, y que el pueblo tiene derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional.

Además, los parlamentarios de Honduras, con el fin expreso de prohibir la consulta del presidente Zelaya, aprobaron una ley al vapor para impedir cualquier tipo de consultas 180 días antes de las elecciones.

Sepamos que se presentó una supuesta carta de renuncia del presidente Zelaya, la que los parlamentarios aprobaron. Luego deciden destituir al presidente. Entonces pregunto: ¿cómo destituir a alguien que ha renunciado? ¿Cómo despedir a alguien que ya no ostenta un cargo? Esto es obviamente contradictorio. Además de resultar que la firma es una firma falsa y las declaraciones lo son igualmente, podemos calificar esto como manipulación, adulterio y falsedad.

No hay espacio para el uso de eufemismos y redefinición de términos. Lo que ha ocurrido en Honduras es un auténtico golpe de Estado, concordando con las definiciones tradicionales de lo que éste es. Por más legitimidad que se le quiera haber dado, el inexistente proceso de destitución estuvo viciado desde el principio, patrocinado por un grupo de hombres que se oponía a darle la soberanía a quien en verdad le correspondía: el pueblo hondureño.

Hay un grupo perverso que quiere llamar “legítima y constitucional destitución del presidente” al golpe de Estado. Aquí no hubo un verdadero juicio político. Los pro-Micheletti juzgan que sí. Un “como si” no es equivalente a un “tal es”. No podemos juzgar una consulta popular “como si” fuera un referéndum, porque no lo es. No podemos llamar “juicio político” al procedimiento extrajudicial e inconstitucional usado para “legitimar” el golpe de Estado, porque no lo fue. Eso sí fue violar la Constitución.

Si es cierto que los golpistas actuaron apegados a la Constitución, ¿por qué entonces no son depuestos? Ha quedado demostrado que usurparon el poder usando procedimientos que quebrantan la Constitución y las leyes. Que sean consecuentes… o mejor, que se atengan a las consecuencias. Hoy día vemos como el gobierno golpista se está destapando: censura masiva en los medios de comunicación, represión al pueblo, suspensión de las libertades individuales. Esta es la realidad que vive Honduras. Un procedimiento legal, legítimo y constitucional no tiene por qué crear esta situación de crisis interna y externa. Si lo crea, es porque no fue legal, ni legítimo, ni constitucional.

¿Lo hicieron bien ambos? No. En primer lugar, el presidente Zelaya, a pesar de todo, sí mantuvo una postura de confrontación que le ganó muchos enemigos. Eso hay que decirlo. Pero jamás, nunca se justificará que se perpetre un golpe de Estado contra el presidente Zelaya como el que ocurrió, primero porque el proceso de “destitución” no fue un verdadero proceso legal. Pasó por la falsificación de la firma y la elaboración de un documento falso de renuncia de Zelaya. Pasó por la irrupción ilegal en casa del mandatario, su secuestro y expulsión del país sin un verdadero juicio. Pasó por situaciones que, por donde quiera que se le mire, son condenables.

Así vemos cómo los golpistas no actuaron apegados a las leyes. Son simple y llanamente unos hipócritas embriagados de las mieles del poder. El golpe de Estado en la República de Honduras debe ser repudiado y condenado, como en efecto lo han hecho los países del mundo. El gobierno de facto no debe ser reconocido; ellos sí han probado que son los verdaderos traidores a la patria.